COMPLICIDAD CÍVICO MILITAR

Mesa redonda en la Facultad de Ciencias Económicas

“Cuando los grupos económicos no pudieron imponer su modelo de país, entraron de lleno en los crímenes de Estado masivos”. Con estas palabras, el ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni, inició su charla en la tercera jornada del ciclo Poder Económico y Terrorismo de Estado, organizada por la Comisión por la Reconstrucción de la Memoria de la FCE (UBA). El eje de este encuentro fue poner la lupa sobre los responsables civiles de los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura.

El Estado está investigando aproximadamente 604 liquidaciones de compañías –siderúrgicas, textiles y bancos–, donde se aplicó una misma metodología: sus dueños fueron obligados a vender o transferir acciones bajo tortura. El caso más emblemático fue el de la viuda de Graiver, orquestado por Héctor Magnetto del diario Clarín, y Bartolomé Mitre del diario La Nación, quienes se apoderaron de Papel Prensa y establecieron un monopolio que extorsionó a los demás diarios guardando un silencio cómplice con la dictadura. 

                 Bartolomé Mitre, Ernestina H de Noble y el dictador Rafael Videla

Según el economista Abraham Gak del Plan Fénix, quién presidió el debate junto con Zaffaroni, algunos sectores “operaron” para encubrir aquellos hechos. Los dirigentes y profesionales nucleados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas durante la última dictadura militar, defendieron las políticas económicas impulsadas por Martínez de Hoz desde la cartera de Economía. 

“¿Cómo hicieron los grupos económicos para imponer su modelo?”, se preguntó Zaffaroni. “Lo primero que se necesita para un genocidio es crear miedo. ¿Y cómo se construye ese miedo? De la misma manera en que se construye la realidad, mediáticamente. A partir de ahí se opera sobre la sociedad, seleccionando datos que indicarían que vivimos en un mundo terrible.”

Debate en la Biblioteca Nacional sobre el juicio a los civiles

Para cometer crímenes con fines económicos, la dictadura cívico-militar utilizó un andamiaje que involucró al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Se constituyó un grupo de tareas integrado por la División Bancos de la Policía Federal, que trabajó en conjunto con estas dos instituciones. El objetivo fue liquidar empresas, bancos y extorsionar empresarios. 

En la mesa de debate, Eduardo Saiegh manifestó que Jaime Smart, recientemente condenado a prisión perpetua, fue el primer abogado de Alejandro Reynal, ex presidente del Banco Central, el cajero de la dictadura, junto a Alfredo Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy. Saiegh fue secuestrado en octubre de 1980, torturado durante una semana y luego extorsionado con la autoliquidación de su empresa, el Banco Latinoamericano de Inversión, para poder apropiarse de las acciones de Austral Líneas Aéreas, que permanecían en caución en el Tesoro de la entidad.

Saiegh citó un editorial del diario La Nación publicado cuando comenzó el juicio a los civiles cómplices del terrorismo de Estado, calificándolo como “venganza”. “Es que en 2011 ya empezaba el caso Papel Prensa; entonces abrían el paraguas, y con el escándalo que hacen por la ley de medios quieren tapar ese caso, pero no podrán deformar la historia”, expresó Saiegh. El empresario manifestó que fue José Alfredo Martínez de Hoz quien instaló en las Fuerzas Armadas el concepto del desaparecido, porque ya lo practicaba en Acindar donde formaba parte del directorio.

                     Alejandro Reynal y Alfredo Martinez de Hoz

Sólo dos pisos de distancia

En el 10º piso del edificio ubicado en Cerrito 1136 fundó su partido el Almirante Cero y se inscribió una sociedad con la que fueron apropiados bienes de desaparecidos. Por allí pasaron para trabajar como esclavos varios prisioneros de la ESMA. En el 12º hay tres sociedades de uno de los apoderados del clan del marino prófugo Jorge Vildoza.

                                                                 Jorge Vildoza

Sólo hay dos pisos de distancia entre dos grandes universos de negocios vinculados al robo de bienes de los detenidos-desaparecidos de la ESMA. En un piso estuvieron las empresas y nombres más conocidos del masserismo y en el otro aparece una ruta de sociedades que conduce al mundo de bienes y empresas de Vildoza. Allí se inscribió la sede de Will-Ri, la sociedad a través de la cual fraguaron la venta de los terrenos de Chacras de Coria, propiedad de un grupo de mendocinos desaparecidos. 

En julio pasado la Justicia detuvo a Ana María Grimaldos, la esposa de Vildoza, que estaba prófuga con él desde hacía 26 años. Los buscaban por la apropiación de Javier Penino Viñas, el hijo de Cecilia Viñas. De allí salió el hilo conductor que llevó a localizar la sede de la empresa American Data SA en Buenos Aires, una estructura para dar apariencia lícita a bienes de personas desaparecidas durante el período de terrorismo de Estado. Participaron abogados que asesoraron jurídicamente y cobraron honorarios a sabiendas de que todo el procedimiento de blanqueo de las operaciones estaba fuera de la ley.

No podrán deformar la historia

Se ha dictado sentencia en la causa del Circuito Camps, veintitrés sentencias de las cuales dieciséis son condenas a prisión perpetua.

Este fallo, ejemplar en sus considerandos, produjo un salto cualitativo al incluir por primera vez a un civil: Jaime Lamont Smart –ministro de Gobierno del ex gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint Jean–condenado a prisión perpetua por genocidio y defendido a capa y espada por el diario La Nación.

                    Jorge Rafael Videla y Ibérico Saint Jean

“Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos”. Ibérico Saint Jean

Fuentes

Stella Maldonado. Justicia perpetua. Página 12, 29,12,2012

Editorial. ¿Justicia o venganza para Jaime Smart. La Nación, 10,12,2012.

Alejandra Dandan http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-206600-2012-10-29.html

Sebastián Premici. El fin económico del terrorismo de Estado. Página 12, 22/12/2012

Alejandra Dandan. Con el encuadre del lavado. Página 12, 06/01/2013.